–  Tener el domicilio fiscal en territorio español y tener la consideración de pequeña o mediana empresa.
– Estar inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica que desarrolla la empresa en el momento de pedir la subvención.
–  No deberán tener la consideración de empresas de crisis, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
–  Se exige que las pyme solicitante no esté incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y no superar el límite de ayudas de minimis.